Las propuestas para restringir severamente los derechos de propiedad privada, sobre la minería, en los enormes yacimientos de cobre y litio en Chile tendrán que pasar por algunos ajustes después de quedarse cortas en una votación de la Convención Constitucional (CC), de cara a la nueva Carta Magna, que se definirá -mediante un referéndum que se llevará a cabo el 4 de septiembre próximo- si se aprueba o no.
Después de esa votación, se generó una importante confusión sobre el tema, que no ayuda a entender lo que se votó y lo que se votará en las próximas semanas.
El artículo aprobado por la CC mantiene el dominio del Estado sobre el mineral que está bajo tierra, o sea, sobre los yacimientos.
Este artículo, con una formulación un poco más larga, fue incorporado por Salvador Allende en 1971 a la Constitución de 1925 y posteriormente mantenido por Augusto Pinochet (1973-1990) y los gobiernos democráticos que lo sucedieron: Patricio Aylwin Azócar (1990-1994), Eduardo Frei Ruiz-Tagle (1994-2000), Ricardo Lagos Escobar (2000-2006), Michelle Bachelet Jeria (2006-2010 y 2014-2018) y Sebastián Piñera Echenique (2010-2014 y 2018-2022).
Lo que hizo la Dictadura (Artículo 24) fue cambiar la segunda parte del texto de Allende (que nacionalizaba las empresas), instalando las concesiones mineras por vía judicial y abriendo la puerta para lo que vendría después, la Ley Orgánica Constitucional sobre Concesiones Mineras (1982), que regula las concesiones y permite la privatización del cobre.
Este fue el mecanismo a través del cual la dictadura y los gobiernos democráticos permitieron la privatización de más de un 70% de la producción de cobre en Chile.
La norma aprobada por la CC es positiva, pero no cambia la realidad de las privatizaciones, solo mantiene el dominio del Estado sobre los yacimientos, lo que nunca cambió.
Tanto es así, que dicho artículo contó hasta con votos de la derecha y del Partido Socialista, que fueron los responsables -en gran parte- de la privatización de la minería en el país.
Por eso, todos los que dicen que la CC votó la nacionalización del cobre están difundiendo una información, como mínimo, imprecisa y que induce a un error de comprensión.
La verdadera nacionalización del cobre, o sea, que el Estado sea el dueño de toda la explotación del cobre para que el pueblo pueda «usufructuar» de la renta minera pasa por 2 elementos centrales: primero acabar con todas las concesiones a la gran minería privada y segundo nacionalizar las empresas de la gran minería, pasándolas al control estatal.
La propuesta de Iniciativa Popular de Norma -que juntó más de 24 mil firmas- proponía todo ello, incluso democratizando el control de las empresas, incorporando a trabajadores y comunidades en sus directorios.
Todas las propuestas que iban en este sentido fueron rechazadas por el Pleno de la CC (06/05) e ingresaron a través de indicaciones (propuestas de cambio a los artículos) por María Rivera y otros constituyentes.
La Indicación 125, que proponía terminar con todas las concesiones mineras (excepto a la pequeña y mediana minería), obtuvo 36 votos a favor (todos contrarios, incluso del Partido Comunista e independientes de izquierda); en tanto, la Indicación 161, que nacionalizaba a todas las empresas, logró 42 votos positivos.
La norma que proponía la nacionalización, sin embargo, obtuvo más votos que la propuesta del Partido Socialista/Independientes No Neutrales, que proponía mantener la privatización del cobre y extenderla al litio y también a los hidrocarburos (petróleo y gas).
Otra norma, promocionada por el Partido Comunista, proponía la participación mayoritaria del Estado en la explotación del cobre, pero manteniendo la puerta abierta a la minería privada.
Todas las normas fueron rechazadas por el Pleno. Así, habrá una nueva y última ronda de votaciones sobre este tema n 14 de mayo.
Alivio para las mineras y los mercados mundiales de metales
Si bien un paquete de propuestas superó el umbral de dos tercios en el pleno de la CC, algunos de los elementos individuales no lograron obtener los votos necesarios, incluida la concesión al Estado de derechos exclusivos sobre el litio y la propiedad mayoritaria de las minas de cobre, así como la sustitución de concesiones con permisos temporales.
La votación supuso un cierto alivio para las empresas mineras y los mercados mundiales de metales, aunque muchos elementos tienen una oportunidad más de ser modificados en comisión antes de volver al pleno antes de la fecha límite de esta semana.
Anteriormente, dos intentos de obtener versiones del paquete a través del plenario fallaron.
Aun así, se aprobó un artículo amplio que declara los minerales como dominio del Estado, al igual que una expansión de la gobernanza ambiental, incluida una remodelación de las reglas relacionadas con los recursos hídricos enfocadas en la disponibilidad y una mayor protección del agua en las tierras indígenas.
Otros para permitir las nacionalizaciones y prohibir la minería en los glaciares, las cuencas hidrográficas y el fondo del océano se quedaron cortos.
Las medidas fueron presentadas por un comité repleto de jóvenes ecologistas y de izquierda, elegidos tras las protestas que comenzaron en octubre de 2019. El pleno de la convención tiene una mezcla diversa de miembros.
Si bien los mayores poderes ambientales del estado erosionarían el atractivo de los proyectos, las medidas más radicales con respecto a la propiedad desencadenarían batallas legales internacionales, perjudicarían la reputación de Chile como promercado y pondrían en riesgo una cartera de proyectos de casi US$70.000 millones, según el analista de BTG Pactual, César Pérez-Novoa.
Esas inversiones son cruciales para proporcionar la transición de energía limpia. Sin duda, las encuestas muestran una tendencia al rechazo del documento en un plebiscito programado para el 4 de septiembre.
«Tenemos algunos planes muy, muy emocionantes para Chile como organización», afirmó en una entrevista Ragnar Udd, presidente de Minerals Americas de BHP Group, la semana pasada. «Esperamos que la incertidumbre se resuelva pronto», sentenció.
